El otro día un amigo, que regresó hace poco de Alemania, contó que le llegó un mensaje exigiéndole 735 euros por una descarga que realizó cuando se encontraba en aquel país. Aún no sabemos si la carta se trata de una estafa llana o de un intento de conciliación para no pasar por un juzgado cuando regrese a Alemania, pero todo apunta a que se trata de un texto jurídico. La noticia me ha hecho reafirmarme en que, quienes defendemos el intercambio libre de archivos, del contenido que sea, debemos tomar medidas para evitar que lleguen cartas como esa.
Aunque en España las leyes vigentes no resultan demasiado invasivas contra el derecho al intercambio sin ánimo de lucro de material con copyright, pueden modificarse en cualquier momento y una acción como la de compartir, que hoy no es siquiera falta administrativa e incluso se considera virtuosa, mañana puede ser del tipo delito penal.